CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
La Contraloría General del Departamento de Córdoba fue creada mediante Decreto número 02 del 24 de Junio de1952, “Por el cual se fijan las dependencias administrativas que integran el Departamento de Córdoba”, y expedido por la Junta organizadora y coordinadora del Departamento.
El Decreto en mención fue firmado por el Doctor Remberto Burgos Puche, como Presidente de la Junta Organizadora y Severo J. García secretario. El documento fue aprobado por la Junta en pleno el día 24 de junio de 1952.
En cuanto a las funciones de la Contraloría fueron determinadas por decreto, procediéndose a designar a Rafael Grandeth como primer Contralor General del Departamento.
Inicialmente los Contralores se elegían por Decreto emanado de la Gobernación y pertenecían al partido político diferente al ejecutivo departamental. Posteriormente desde el año 1958 se elegían por terna ante la asamblea.
Actualmente se eligen de acuerdo a lo Consagrado por la Constitución Política de 1991 por terna que envía el Tribunal Superior y Administrativo de Córdoba a la Asamblea Departamental para su elección.
Misión
Ejercer el Control Fiscal al Patrimonio Público y la Gestión Ambiental del Departamento de Córdoba, para garantizar el bienestar de los cordobeses mediante sistemas normativos y la participación ciudadana para procurar el buen uso de los recursos.
Visión
Para el 2015 la Contraloría del Departamento de Córdoba será una Entidad con alta credibilidad que actuara con liderazgo, eficiencia, eficacia, capacidad técnica y productiva en el ejercicio del control fiscal y la gestión ambiental; con talento humano calificado, asegurando siempre el bienestar general de la comunidad cordobesa apoyándonos en la participación ciudadana.
Teléfono: (+57) 4 7820173 - 7822411
Fax: (+57) 4 7825040
Dirección: Calle 27 No. 3-28 Piso 6 Palacio Naim
Ciudad: Montería - Córdoba
Página Web: http://www.contraloriadecordoba.gov.co
La Procuraduría General de la Nación en Colombia es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado. Es el órgano principal del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil.
